Así lo ha puesto de manifiesto la entidad en un documento de consideraciones a la consulta pública previa sobre el Anteproyecto de Ley por el que se regulan los incentivos a la contratación laboral y otras medidas de impulso y mantenimiento del empleo estable financiadas con bonificaciones en las cuotas de la Seguridad Social.

 

Según el CERMI, “la inclusión laboral de las personas con discapacidad continúa siendo en España una meta por alcanzar” y es que, su baja participación en el mercado laboral sigue siendo la categoría más destacable para este grupo. De hecho, “la tasa de empleo de estas personas en 2019 era 41,1 puntos inferior a la de las personas sin discapacidad”, ha recordado.

 

Por eso, ha apostado por el aumento de este tipo de incentivos laborales ya que esto se traduce en una “inversión social” que beneficia tanto a las personas con discapacidad, a la aportación de recursos públicos y al conjunto de la sociedad. En este sentido, ha destacado la importancia de estas bonificaciones, que, a su juicio “fomentan su contratación, ayudan a reducir el riesgo de pobreza y generan importantes retornos económicos”. “Deben ser consideradas como una inversión de Estado y no como un gasto”, han recordado desde la plataforma de la discapacidad.

 

De esta manera, el CERMI ha asegurado que existen ciertas apreciaciones a tener en cuenta en la elaboración de la ley y que debe realizarse “actualizando y adecuando” sus cuantías a la realidad presente del mercado laboral que “debe ser inclusivo en relación con las personas con discapacidad”.

 

También ha abogado por incrementar las bonificaciones en las contrataciones de personas con discapacidad en empresas ordinarias para fomentar y mejorar las contrataciones en empleo ordinario y por incluir la interseccionalidad como elemento clave puesto que supone “un multiplicador de la discriminación que sufren las personas con discapacidad”.

 

En el caso de los Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social, el CERMI apuesta por garantizar una bonificación del 100 % de las cuotas en la Seguridad Social a todas las personas con discapacidad trabajadoras y que “sea aplicable a todas las tipologías de contrato, y durante toda la vigencia del mismo”.